La patronal de transporte por carretera considera que es el Estado quien debe asumir los costes de solucionar el colapso de tránsito que existe desde hace años en el tramo afectado en Girona, los 81 kilómetros que hay entre Vidreres y La Jonquera, y que lo mismo ocurre en el sur de Tarragona. «Es una política de interés público que tiene que pagar el Estado y no las empresas privadas», argumentó Aymat. «El Gobierno no ha hecho las mejoras en las carreteras que más lo requieren», recalcó.

La FEAT no está de acuerdo en que se prohíba la circulación de camiones en carreteras que se pagan con los impuestos de todos los ciudadanos, tal como se ha hecho en Girona. La medida se intenta compensar con bonificaciones de hasta el 50% para los camiones en el pago del peaje en este tramo de la AP-7.

LOS DATOS DE GIRONA

Desde que la solución se empezó a aplicar a mediados de abril del 2013, el número de accidentes mortales en el tramo de Girona ha descendido de forma espectacular. En el 2010 se registraron 148 accidentes y 14 víctimas mortales; en el 2013, el primer año de la prohibición de los camiones, hubo 92 accidentes y seis muertos; y hasta finales de julio de este año, 43 accidentes y dos muertes. Aymat considera «lógico que disminuyan los accidentes si hay menos vehículos».

La solución en Tarragona, según Aymat, pasa por que el Estado decida desdoblar o mejorar la carretera y, mientras, llegar a un acuerdo para que los camiones circulen por la AP-7. «No podemos aceptar que nos criminalicen y que nos obliguen a pagar la autopista», reivindica la patronal tarraconense. Argumenta que ellos también pagan impuestos y mencionan los buenos resultados que se están dado en la AP-2 en Fraga, donde la bonificación a los camiones es del 75% y el paso por la autopista es voluntario. «Si consideran que pasar por la autopista nos beneficia, deben hacer que sea voluntario», insiste Aymat.